Publicado: 7 de diciembre de 2023 
Escrito por: Edgar Chitop y Susanne Kummer
Este artículo se ha publicado en alemán en la revista "Lateinamerika Anders  

Las mujeres están al frente de las manifestaciones y movilizaciones. Sin embargo, las autoridades ancestrales mayas, compuestas en su mayoría por hombres, no suelen reconocer que las mujeres también desempeñan un papel importante en la administración de justicia y la organización sociopolítica de los pueblos.  

La labor de las mujeres indígenas como autoridades ancestrales es de gran importancia para las comunidades y refuerza su papel como agentes políticas activas y guardianas de la ley y la justicia. También son activas en la prevención de la violencia de género y apoyan a las personas que han sido afectadas por violencia. Como puede verse en las imágenes, llevan un bastón como signo de su autoridad en la comunidad.    

Este vídeo fue publicado por nuestros/as colegas de AG GV como parte de la campaña para conmemorar el 30º aniversario de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena y el Día Mundial de los Derechos Humanos.

Visite el sitio web de la campaña para obtener más información y ver muchos otros vídeos (solo en alemán).

Al principio, la participación de las mujeres en la organización comunitaria no era considerada normal por sus colegas masculinos, afirma Rosa Petrona Hernández, autoridad ancestral de Xatinab, Santa Cruz del Quiché. Y continúa: “Ahora nuestra participación es vista como necesaria, porque para resolver los conflictos se debe discutir desde la perspectiva de hombres y mujeres. Nuestra opinión cuenta“.

Doña María Lucas de Zapeta, lleva más de 20 años trabajando junto a su marido Don Mateo Zapeta, ambos autoridades en activo que resuelven muchos conflictos en los pueblos. Dice que podrían pasarse meses hablando de sus experiencias con distintos tipos de conflictos.  

Sin embargo, todavía hay personas, sobre todo en las ciudades y en las zonas no indígenas, que cuestionan la legitimidad de las autoridades ancestrales. El argumento es que no puede haber dos sistemas jurídicos en un país y que todos en Guatemala deberían estar sujetos al sistema jurídico estatal sin distinción. Pero la realidad es otra: el sistema de justicia estatal no es capaz de satisfacer las necesidades de la población guatemalteca porque no cuenta con los recursos humanos y financieros suficientes, ni puede garantizar una presencia territorial en todas las áreas. Los altos costes y los largos procedimientos contribuyen a que muchas personas resuelvan a veces sus disputas por la fuerza.(Internationale Juristenkommission (IGH) – Gerechtigkeit in Guatemala: Ein langer Weg. 2005, 71).

La justicia maya, en cambio, funciona de forma democrática, gratuita y rápida. Las autoridades que administran justicia son elegidas en asambleas públicas para un mandato, normalmente de un año. Cumplen su función de forma voluntaria, lo que significa que no hay costos ni incentivos para hacerlo “por dinero”.    

La justicia maya es un sistema de justicia comunitaria: las autoridades locales trabajan conjuntamente con la personas que han cometido el delito y con la persona perjudicada y sus familias para debatir cómo resolver el conflicto y reparar el daño.  

Sebastiana Par, autoridad Maya y coordinadora de un proyecto de horizont3000 e Ixoqib’ MIRIAM (financiado por BMEIA y kfb), cuyo objetivo es reforzar la participación de las mujeres en la administración de justicia y la mediación como método de resolución de conflictos, resume la esencia de la justicia maya: 

“La identidad de los pueblos indígenas es colectiva, como lo es la responsabilidad. Para restablecer la armonía en la comunidad, es fundamental ver qué ha fallado en las relaciones entre las personas que la componen. Se escucha a quien ha agraviado y a quienes han sufrido la injusticia. El papel de las autoridades es escuchar, y lo hacen de forma empática. Lo más importante de estas resoluciones es restablecer el equilibrio y la armonía en las relaciones entre las personas implicadas en el conflicto. Si dejamos de lado esta idea del individuo racional que hemos heredado de la modernidad europea y consideramos la posibilidad de vernos en relación, unos con otros y con nuestro entorno, podríamos ayudar a las personas que han cometido errores y sanarnos como comunidad.” 

En el proyecto coordinado por Sebastiana Par, este año se ha capacitado a 12 autoridades (9 de ellas mujeres). Se llevaron a cabo 122 mediaciones en las que se llegó a un acuerdo en el 95% de los casos. La iniciativa de aumentar la participación de las mujeres como autoridades tradicionales ha sido muy bien acogida tanto por las mujeres como por las comunidades. La universidad estatal también ha reconocido a las autoridades ancestrales como asesoras jurídicas al permitir que sus estudiantes realicen sus prácticas universitarias con ellas. 

El aumento del reconocimiento de las autoridades tradicionales también se nota en las actuales protestas contra el gobierno corrupto, que se niega a reconocer el resultado electoral del recién elegido Presidente Bernardo Arévalo y de la Vicepresidenta Karin Herrera. Las autoridades ancestrales lideraron la resistencia pública y demostraron que tienen el potencial de unir a diversos actores políticos.  

Es de esperar que la extraordinaria situación política actual sea un buen marco de diálogo con el nuevo gobierno y las instituciones judiciales para hacer valer el derecho de los pueblos indígenas al pluralismo jurídico y a su propia organización sociopolítica.